Después de más de dos décadas de lucha legal, las 80 personas afectadas por la contaminación causada por el centro metalúrgico de La Oroya han recibido una escucha. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por no vigilar y supervisar las operaciones del complejo metalúrgico, lo que violó los derechos a la salud y al medio ambiente saludable de los residentes de La Oroya en una decisión histórica. El Ministerio de Medio Ambiente ha permanecido en silencio con respecto a lo que ha sido decidido en la Corte.
En 2022, Rosa Amaro declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que el Estado fue como un padre que nunca nos dio la cara, nunca se preocupó por nuestra población. Amaro asistió a la audiencia del tribunal para testimoniar su afectación por la contaminación del aire y el agua que la comunidad de La Oroya ha sufrido durante muchos años.
Hemos estado viviendo en La Oroya durante un período bastante desastroso. El complejo emitía gases nocivos, lo que causaba sufrimiento a muchas personas, especialmente a los niños. En ese momento, Amaro, de 74 años, contó: «Los gases transformados, como si fueran la caspa del cabello impregnada en los rostros de los niños».
Rosa se refería al Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), que comenzó a funcionar en esta región de Junín a partir de 1922. El CMLO se utilizó para fundición y refinamiento de metales con altos contenidos de arsénico, zinc, cobre, plomo y otros elementos. La empresa estatal Empresa Minera del Centro del Perú, S.A. tenía el complejo metalúrgico, pero en 1997 fue adquirido por la empresa privada Doe Run Perú S.R.L.
Sentencia Histórica
La Corte IDH determinó al Estado peruano como responsable de la violación de los derechos al medio ambiente saludable, incluyendo a los residentes de la comunidad de La Oroya, durante una audiencia llevada a cabo por la mañana.
En el fallo se indicó que el gobierno peruano no se preocupó por proteger los derechos humanos de al menos 80 habitantes, incluyendo a algunos menores. La Corte ha destacado claramente la falta de control y supervisión del Estado sobre las operaciones del complejo metalúrgico, lo que resultó en la violación de los derechos ambientales, de salud, de vida y de integridad personal de las víctimas.
La sentencia establece que Perú es responsable de violar los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política y las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de 80 habitantes de La Oroya.
La Corte señaló que el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad y constituye un interés universal. El Tribunal decidió que la contaminación del aire y el agua puede tener efectos negativos en un medio ambiente saludable y sostenible.
La Corte IDH determinó que el Estado peruano violó su derecho a la protección judicial, ya que han pasado más de 17 años desde que el Tribunal Constitucional decidió proteger a los habitantes de La Oroya, pero el Estado no ha tomado medidas adecuadas para cumplir con la decisión.
La Corte Suprema ordenó al Estado peruano que realice un diagnóstico fundamental para evaluar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya, el cual debe incluir un plan de remediación para los daños ambientales, entre otras medidas. Además, proporcionar atención médica gratuita a las personas que han sido violadas en sus derechos a la salud, vida e integridad personal.
El Estado peruano tiene un período de un año para presentar al Tribunal un informe sobre las acciones tomadas para cumplir con la sentencia otorgada por la Corte IDH.
El gobierno no dice nada. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de su relevancia. A pesar de que esta decisión se tomó en el día del agua, los habitantes de La Oroya no han tenido la oportunidad de obtener agua pura y libre de metales.