La denuncia constitucional por su presunta responsabilidad en muertes durante protestas fue rechazada por el Poder Judicial.
La presidenta Dina Boluarte presentó una petición de amparo que fue rechazada por el Poder Judicial en una decisión reciente. Esta medida legal tenía como objetivo archivar la investigación sobre su presunta responsabilidad en las muertes causadas por protestas sociales.
El líder del gobierno no puede ser acusado, salvo en casos excepcionales, como traición a la patria, según la Constitución Política, pero esta protección no lo protege del proceso investigativo. La autoridad ha sido identificada por la Fiscalía de la Nación como supuesta responsable mediata por negligencia en delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
La solicitud de Dina Boluarte ha sido rechazada por el Poder Judicial.
El juez Jonathan Valencia López consideró que la demanda en la que la presidenta pedía que se archivara tanto la investigación sobre la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta, como la investigación fiscal sobre el supuesto delito de genocidio, fue infundada.
Dina Boluarte pidió que los actos de la Fiscalía de la Nación sean declarados nulos y sin efectos legales, ya que violaron sus derechos constitucionales a la debida motivación de las decisiones fiscales y se desnaturalizó la prerrogativa constitucional de la inmunidad presidencial.