Según Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera, esta no es la primera vez que se atacan las torres de alta tensión.
La mina Poderosa sigue siendo el objetivo de ataques de organizaciones criminales que se han desarrollado a partir de la minería ilegal.
Según la compañía, los delincuentes derribaron dos torres de alta tensión que proporcionan energía a dos bocaminas de Poderosa en el distrito y provincia de Pataz, La Libertad.
El ataque tuvo como objetivo interrumpir la electricidad el jueves 4 de abril a las 23:15 horas. «Inmediatamente después de esta acción, grupos armados incursionaron en ambas galerías».
No es la primera vez que las torres son atacadas, según Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera.
Explicó que ya se han destruido 14 torres y se han perdido muchas vidas debido a los conflictos anteriores.
A pesar de la situación de emergencia y la presencia de más de 300 soldados de la Policía Nacional y el Ejército en la región, el ataque tuvo lugar.
Es importante destacar que este ataque reciente ocurre poco después de que la policía expulsara a 150 miembros de unidades especializadas que estaban prestando servicio en Pataz y que aún no han sido reemplazados.
La empresa informó que aunque la presencia policial en Pataz ha sido importante, no ha acompañado de un programa significativo de prohibiciones a las actividades de los mineros ilegales, quienes, a pesar de estar protegidos por el REINFO y la reciente derogación por parte del Congreso de las normas que buscaban frenar esas actividades, han continuado actuando con total impunidad.
Lamentablemente, afirmó la empresa. La falta de apoyo de la Fiscalía y de los representantes de la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos de la región ha limitado las acciones de las fuerzas del orden. Recordemos que esta última instancia es responsable de supervisar el trabajo de la minería artesanal y pequeña minería en La Libertad.
Para Poderosa, este delito imita el comportamiento de los grupos terroristas que el país ha enfrentado en décadas pasadas, y pone en peligro la integridad de nuestro personal y nuestras operaciones. En los últimos dos años, 16 trabajadores han fallecido en ataques de mineros ilegales y 14 torres han sido derribadas. Instamos al gobierno a continuar combatiendo la minería ilegal, que es una de las amenazas más importantes a la seguridad del país. De igual forma, solicitamos al Congreso que tome medidas concretas para detener este terrible sufrimiento.
En diciembre de 2023, los delincuentes mataron a nueve empleados y hirieron a 13 más. Después de esto, el gobierno declaró estado de emergencia y, hasta el momento, la provincia cuenta con al menos 300 miembros de la fuerza militar y policial, afirmó De la Flor.