El organismo autónomo expresó su desacuerdo con el Decreto de Urgencia del Gobierno que establece lo que debe y no debe ser objeto de control.
La Contraloría General de la República emitió un comunicado rechazando el Decreto de Urgencia 006-2024 emitido por el Poder Ejecutivo. El organismo afirma que la ley afecta la autonomía constitucional y limita la fiscalización en el marco del combate a la corrupción.
El documento señala que el artículo 14 del Decreto de Urgencia, además de distorsionar por completo la finalidad de la ley 31358 y sus modificatorias, tiene como objetivo dictar a la Contraloría General cuáles son los actos que deben o no ser objeto de control concurrente. Este modelo emite alertas sobre presuntos actos de corrupción, contraviniendo lo aprobado por el Congreso de la República.
La Contraloría recordó que solo en el año 2023 se emitieron y publicaron más de 12 mil alertas sobre posibles hechos de corrupción e inconducta funcional, y la Contraloría General señaló la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de más de 930.000 funcionarios y servidores públicos, de los cuales más de 2.900 pertenecen al Poder Ejecutivo.
El organismo instó al Gobierno a evaluar los efectos de esta regulación, ya que podría tener un impacto en la supervisión de las autoridades y organizaciones públicas en todo el país.
Se solicita al Ejecutivo que analice las implicaciones de esta norma en la lucha contra la corrupción, mientras que se solicita al Legislativo que, dentro de sus competencias, garantice la permanencia de este control especializado que evita daños al Estado en las inversiones públicas en los tres niveles de gobierno.
