La propuesta legislativa N° 7768, presentada por la congresista Patricia Juárez el 6 de mayo, mejora el proceso de formalización de terrenos que fueron adquiridos por invasores a propiedades de instituciones estatales como universidades y municipalidades, lo que beneficia a los propietarios de terrenos informales.
El proyecto de ley favorece a los invasores de tierras.
La propuesta legislativa N° 7768, presentada por la congresista Patricia Juárez el 6 de mayo, mejora el proceso de formalización de terrenos que fueron adquiridos por invasores a propiedades de instituciones estatales como universidades y municipalidades, lo que beneficia a los propietarios de terrenos informales.
La propuesta de ley establece que las entidades públicas deberán detener todas las acciones legales para desocupar terrenos. Además, se especifica que esta suspensión se aplica a terrenos que han sido adquiridos por el COFOPRI.
El proyecto legislativo también permite a COFOPRI acelerar el proceso de formalización de terrenos informales en caso de que los procesos judiciales concluidos y en fase de ejecución de sentencia hayan tenido más de seis meses sin que se lleve a cabo la ejecución.
El documento busca brindar a esta institución ventajas económicas al eximir al COFOPRI del pago por los servicios de transferencia de información y documentación, así como de cualquier otra acción necesaria para la formalización de la propiedad urbana. Además, le permite emplear cualquier medio que resulte necesario para cumplir con sus objetivos institucionales.
Se indica que esta ley se aplica a terrenos pertenecientes a entidades públicas, tales como empresas estatales, fiscales y municipalidades, así como a terrenos de universidades nacionales y fundaciones públicas de bienestar.
Además, este proyecto de ley permite a los gobiernos regionales y locales utilizar los fondos del canon y sobrecanon para financiar o cofinanciar inversiones para formalizar propiedades urbanas. Sin embargo, estos fondos no pueden utilizarse para beneficiar a iniciativas privadas ni del sector empresarial.
Además, prorroga el plazo para la formalización y titulación de propiedades urbanas, que se extenderá por un período adicional de cuatro años y finalizará el 31 de diciembre de 2030.