No responde a una estrategia para combatir eficazmente al crimen organizado, sostienen exministros del interior. Afirman, además, que estamos ante un gobierno que va a la deriva y que no sabe qué hacer frente a la inseguridad.
De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o el orden interno o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación.
Rospigliosi cuestionó severamente que se haya decidido aplicar esta disposición solo en tres distritos del país. “Todos los delincuentes van a pasar una línea y ya están en otro distrito, y la emergencia ya no va a servir.Se trata de una situación absurda”, recalcó. Consideró que se trata de un anuncio “efectista” y que es una reacción ante la detonación de granadas que ha habido en San Juan de Lurigancho y la cantidad de crímenes que se cometen en esa comuna, “que ya han excedido toda situación tolerable”. Afirmó que al Poder Ejecutivo “no le interesa” hacer algo para enfrentar la inseguridad.
Desde su perspectiva, cuando un gobierno no sabe cómo afrontar un problema, recurre al estado de emergencia. “Sucedió con el gobierno de Pedro Castillo con la seguridad y los fertilizantes”, explicó. Pidió la recomposición del gabinete de ministros. “No podemos pedir peras al olmo. El actual no tiene idea de la magnitud ni de la naturaleza del problema”, precisó.
Que se Sume la Fiscalía
La tarde de ayer, el premier Alberto Otárola sostuvo una reunión con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado. Al término de la misma, el burgomaestre hizo un llamado a la Fiscalía para que se sume a la lucha contra la inseguridad. “Sin el apoyo del Ministerio Público, difícilmente se podrá hacer algo”, indicó.
En tanto, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, refirió que sería razonable que se declare en emergencia los ocho distritos que conforman Lima Norte y no solo San Martín de Porres, pues existe una continuidad territorial y urbana entre dichas jurisdicciones y, además, comparten la misma problemática en seguridad ciudadana.