El 8 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) decidió suspender por una semana la presentación del informe de Pobreza Monetaria en el Perú durante el año 2023, lo que generó sospechas. En la tarde, Jaime Chincha, un periodista de Canal N, reveló que habría sido una orden directa de Dina Boluarte, lo que generó indignación. Como resultado, el INEI publicó el informe en la mañana del 9 de mayo, lo que demuestra las razones por las que la presidenta no quería que se publique el informe.
El INEI informó que el 29 % de la población peruana sufrió pobreza en 2023, un aumento de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el 27,5% del año anterior. Además, solo en el área urbana, la pobreza aumentó en 2,3 puntos porcentuales en comparación con el 26,4 % del año anterior, y en el área rural, la pobreza disminuyó en 1,3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.
El argumento de los defensores del gobierno de Dina Boluarte es que busca garantizar la estabilidad económica y social para evitar desastres, pero los datos del INEI demuestran que el gobierno de Dina Boluarte es peor que el de Pedro Castillo.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el INEI informó que la población en condición de pobreza alcanzó a 9 millones 780 mil personas, lo que representa un aumento de 596 mil personas en comparación con el año 2022.
Según la institución, la población en situación de pobreza extrema en el año 2023 fue del 5,7%, lo que representa un aumento de 249 mil personas en comparación con la población en situación de pobreza extrema en el año 2022.
El mismo informe del INEI indica que el aumento de la pobreza está relacionado con el aumento de la delincuencia, por lo que en 2023, el 27,1% de la población urbana de 15 años o más fue víctima de algún delito, un aumento significativo de 4,2 puntos porcentuales en comparación con el 22,9% en 2022.