En la noche del 9 de mayo de 2024, Walter Ortiz Acosta, el ministro del Interior, emitió la resolución N° 0610-2024-IN que desactivó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP). Este equipo fue responsable de la detención preliminar de Nicanor Boluarte al día siguiente. La Fiscalía considera que esta acción es una infracción constitucional por tratar de obstaculizar la administración de justicia.
Mientras se llevaba a cabo la detención del hermano de Dina Boluarte, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de la Nación «está evaluando indicios de una presunta comisión de delitos por parte de altos funcionarios» en relación con los hechos relacionados con la resolución ministerial N° 0610-2024-IN.
¿Qué decía el documento?
El ministro del interior, Walter Ortiz Acosta, firmó una resolución ministerial que, posiblemente con el conocimiento de la presidenta Dina Boluarte, anuló la resolución ministerial que nombraba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), y ordenó a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú que dejara de brindar apoyo policial al equipo de fiscales.
El gobierno de Dina Boluarte fue tan descarado que la resolución del ministerio del Interior incluye investigaciones disciplinarias contra los empleados que autorizaron la creación del EFICCOP, argumentando su «duplicidad de funciones» con la DIVIAC.
Escandaloso es que la resolución ministerial se emitió un día antes de que el EFICCOP iniciara diligencias de detención preliminar contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien sería el presunto líder de la organización criminal «Los Waykis en la Sombra». Este grupo criminal habría designado a subprefectos para recolectar dinero y firmas para inscribir el partido político de Nicanor.
La Fiscalía dijo que los hechos que motivaron la resolución ministerial eran delitos cometidos por altos funcionarios mencionados en el artículo 99 de la Constitución Política, como el presidente de la República y los ministros de Estado.
En la misma sección de la Constitución se indica que es responsabilidad de la Comisión Permanente denunciar ante el Congreso a los siguientes funcionarios importantes: el Presidente de la República, los representantes del Congreso, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional y otros.
Es complicado creer que la Comisión Permanente del Congreso acusará a Dina Boluarte y al ministro Walter Ortiz, aunque la Fiscalía encuentre pruebas sólidas debido al pacto político entre estos dos poderes del Estado Peruano.
El artículo 43 de la carta magna peruana establece que el gobierno es «unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes», lo que significa que los poderes del estado son independientes en sus acciones. Por lo tanto, desactivar al EFICCOP con el objetivo de evitar la detención del hermano de la presidenta constituiría una infracción constitucional.